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De los 106 millones de hectáreas susceptibles de saneamiento y titulación el 31 % corresponde a tierras fiscales en el país.
El viceministro de Tierras, Gustavo Terrazas, pidió al director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Alejandro Machicao, que demande a sus filiales departamentales el estricto cumplimiento al Instructivo DN-INST 176/2019 que declara una pausa en los procesos de dotación ordinaria en Tierras Fiscales y todo trámite administrativo al respecto.
“En mérito al instructivo DN-INST 176/2019, de fecha 10 de diciembre de 2019 sobre la pausa en los procesos de Dotación Ordinaria en Tierras Fiscales, solicito a su autoridad el cumplimiento del mismo, en referencia a que no se puede realizar ningún proceso administrativo de Dotación Ordinaria en Tierras Fiscales, en todas las etapas de dotación”, señala la parte central de la misiva enviada por Terrazas.
En retrospectiva. El saneamiento y titulación de tierras en el país, iniciada en 1996, conforme a la Ley del INRA, cerró el 31 de octubre de 2017, con la regularización de solo el 83 % de un total de 106 millones de hectáreas establecidas para dicho proceso. En los últimos años, solo avanzó en un 2 % según las propias autoridades. En ese ámbito, la Ley INRA estimó que el 31 % del total son tierras fiscales, sin precisar a cuántas hectáreas corresponde.
En ese contexto, en los últimos años las tierras fiscales han sido objeto de nuevos asentamientos y avasallamientos a la vez, creando una inseguridad jurídica difícil de controlar por lo que, el gobierno de Jeanine Áñez, en su corto periodo ha ordenado la paralización total de nuevas dotaciones en el país.
Según el comunicado difundido por el Viceministerio de Tierras, el pedido de Terrazas, obedece a la necesidad de informar a la población en general mediante los distintos medios de comunicación en Bolivia que “está prohibido el asentamiento en tierras fiscales y que todo asentamiento ilegal será desalojado y se iniciarán las acciones legales correspondientes al o los autores”.
En respuesta a las críticas. El comunicado enfatiza que en días pasados Machicao descartó que la determinación de declarar una pausa en la distribución de tierras sea por represalia, revanchismo u otros intereses de la actual gestión gubernamental tal como denunciaron grupos minoritarios mediante redes sociales, por el contrario, dijo, que se trata de brindar una seguridad jurídica al productor, campesino, mediano y gran empresario.
“Quiero dejar claramente establecido que la actual administración del INRA, lo que quiere es brindar seguridad jurídica a todos aquellos procesos, a todos aquellos sectores productivos, sean campesinos, sean indígenas, sean interculturales, sean medianos productores, pequeños empresarios, no se quiere tomar ningún tipo de represalias o algún tipo de revancha”, remarcó el pasado fin de semana.
Fuente: Periódico El Día
